¿Están las empresas obligadas a permitir la adaptación del horario laboral de sus empleados para conciliación familiar? ¿Pueden todos los trabajadores solicitar una adaptación de la jornada? ¿Qué debe hacer la compañía cuando recibe una de estas solicitudes? ¿Cómo debe ser la negociación, colectiva o individual?
Todas estas preguntas y muchas más surgen a diario en los departamentos de recursos humanos de las empresas. Desde marzo pasado, la ley es algo más concreta en la regulación del derecho de los trabajadores a solicitar (que no a recibir) una adaptación de la jornada de trabajo, sin reducción de horas ni salario, para conciliar su vida familiar y profesional
Este derecho existe desde la aprobación de la Ley de Igualdad en el año 2007, pero prácticamente no se utilizaba en las empresas; esta norma recogía el derecho unilateral del trabajador a reducirse la jornada y el sueldo para conciliar y es la opción por la que han optado la mayoría de los trabajadores.
En marzo de 2019, el Gobierno, tras la aprobación de la Directiva europea sobre conciliación familiar, modificó el artículo 38.4 del Estatuto de los Trabajadores concretando más ese “derecho a solicitar” la adaptación de la “duración y distribución” de la jornada “en la ordenación del tiempo de trabajo y en la prestación”.
De esta forma, se precisa también que en el marco de esta solicitud de adaptación horaria el trabajador puede pedir también “la prestación de su trabajo a distancia”; esto es, teletrabajar. Asimismo, la nueva redacción legal concreta cómo debe ser la negociación entre la empresa y los empleados y la vía judicial a la que se debe recurrir en caso de discrepancias.
Ya hay sentencias que penalizan a compañías por no valorar la petición del empleado.
El trabajador debe argumentar su solicitud.
Tras varios meses de aplicación de la nueva normativa, los diferentes pronunciamientos judiciales que se están produciendo prueban que la concreción legal no es del todo suficiente y que la casuística en esta materia es tan amplia y personal que nuevamente son los tribunales los que tienen que concretar este derecho.